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Desde su creación en el año 1817, el Consejo de Estado ha contribuido a la consolidación del Estado de derecho y del Estado social de derecho con sus calificados conceptos para el Gobierno Nacional, como juez de legalidad para el control de la Administración y, más recientemente, como juez constitucional. En relación con el Gobierno Nacional, el Consejo de Estado ha ejercido un papel preventivo mediante su asesoría y la creación de precedentes jurisprudenciales. Asimismo ha desempeñado un rol correctivo mediante la resolución de innumerables litigios en todos los campos y niveles de la Administración. Por lo tanto la labor del Consejo de Estado ha generado herramientas jurídicas imprescindibles para la toma de decisiones, para la solución de conflictos, para la adopción de transformaciones y ajustes, para el diseño de nuevas políticas, para la expedición de normas jurídicas y, en general, para el permanente y adecuado funcionamiento de las entidades estatales. Desde el punto de vista de las personas, el logro más importante de la Corporación ha sido la defensa de los derechos y libertades frente a los abusos o excesos de poder, de modo que la actuación del Estado se desarrolle conforme al principio de legalidad. Ha garantizado que a través de las acciones y medios de control de nulidad (en sus diversas manifestaciones), de reparación directa, populares, de cumplimiento o de tutela, cualquier persona, sin importar su condición social, racial, sexual o económica, pueda hacer comparecer al Estado ante los tribunales para que justifique sus actos y, si es del caso, repare los daños causados con su actuación. También ha logrado reconocimiento internacional por su imparcialidad, independencia y autonomía. En efecto, su jurisprudencia y doctrina en materia de derechos humanos, reparación de daños, derecho electoral, derecho de la función pública, propiedad intelectual y contratos, entre otros, son muy valoradas. Para la sociedad colombiana el papel históricamente más representativo del Consejo de Estado ha sido la defensa de la institucionalidad, del principio de legalidad, de los derechos y libertades públicas y del equilibrio de poderes, que constituyen el núcleo fuerte de la democracia y del Estado social de derecho. De esta forma se demuestra el acierto de su creación y la necesidad de su constante fortalecimiento.
El Consejo de Estado es el tribunal supremo de la jurisdicción de lo contencioso administrativo y cuerpo supremo consultivo del Gobierno Nacional. Fue creado en 1817 por el libertador Simón Bolívar con la intención de que “las providencias importantes, leyes, reglamentos o instrucciones saludables que deben entretanto publicarse para la administración y organización de las provincias ya libres o que se liberten, fueren propuestas, discutidas y aprobadas en una asamblea que, por su número y por la dignidad de los que la compongan, merezcan la confianza pública” (Decreto de creación del Consejo de Estado. Angostura, 30 de octubre de 1817). Este Consejo de Estado provisional que nace en medio de la guerra de independencia y de una institucionalidad precaria constituye el origen remoto de la Corporación, que durante sus doscientos años de existencia ha cumplido una función trascendental en la defensa de la institucionalidad, del principio de legalidad, de los derechos y libertades públicas, y del equilibrio de poderes. Desde entonces el Consejo de Estado ha contribuido a la consolidación del Estado de derecho y del Estado social de derecho a través de sus funciones: emitir conceptos calificados al Gobierno Nacional sobre su quehacer administrativo, servir como juez de legalidad para el control de la Administración, y más recientemente, como juez constitucional. Como parte de la celebración de su Bicentenario, el Consejo de Estado realizó una serie de actividades y de productos que desea compartir con toda la sociedad a través del siguiente enlace, donde se conmemora el aniversario y se destaca la labor de la Corporación durante sus 200 años de existencia.
